ANTIDOMPING = AUTOGOBIERNO
El filósofo chino Confucio, 500 años antes de la era cristiana dijo…. “Uno que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo sabrá gobernar a los demás?” Contundente pregunta que en nuestros días, conserva toda su validez.
Hasta ahora, para evaluar el desempeño de funcionarios de gobierno se acude a los llamados “órganos de control interno”, a los entes fiscalizadores ubicados en el Poder Legislativo Federal o Estatal y, por esta vía a la realización de auditorías externas contratadas con despachos profesionales.
Sin embargo, todo esto resulta insuficiente para garantizar la entregar “buenas cuentas” ya que el sistema de fiscalización en México está bajo cuestionamiento y es de esperar que la próxima legislatura federal lo tenga presente en las prioridades de su agenda.
Mientras tanto, la legislación existente está afectada de vacios en lo referente al control de nuevos fenómenos nocivos como la penetración de las adicciones a través del consumo de tóxicos por parte de los servidores públicos; un fenómeno relativamente reciente que ha vuelto vulnerable a las instituciones del estado, al frente de las cuales se encuentran seres humanos que ejercen atribuciones con múltiples implicaciones para la función pública y para la sociedad. Habrá que revisar la legislación para superar contradicciones entre garantías individuales y responsabilidades públicas.
Algo habrá que hacer ya que la adicción a las drogas es hoy día una realidad que rebasa todos los instrumentos de control de la confianza y amenaza con penetrar y debilitar las instituciones del estado, empezando por los cuerpos de seguridad, la administración de la justicia, el poder judicial, el sistema penitenciario y en general los diversos cargos de dirección del Poder Ejecutivo. En este sentido, los retos a que enfrentan los gobernantes de cualquier origen partidario son descomunales.
¿En quién confiar la delegación de poder para facilitar su ejercicio? ¿Cómo conciliar la necesidad de confiar para hacer más eficiente una función pública y al mismo tiempo evitar el riesgo de deslealtad por la condición de vulnerable de un colaborador con alto grado de adicción a las drogas?.
Construir una gobernabilidad con fuerza de convocatoria, con autoridad moral y capacidad política para dar cauce a las crecientes demandas sociales y los múltiples conflictos de intereses, exige como premisa básica, saber y poder gobernarse a sí mismo y además hacerlo con eficacia y transparencia. Si no hay autogobierno, menos puede haber cogobierno ni gobernanza.
Tal es el contexto que explica que a partir de esta semana en Veracruz, miles de funcionarios y servidores de confianza del Gobierno del Estado han estado haciendo fila para realizarse el examen antidomping.
La orden fue del Gobernador que sabe que la medida era inaplazable y bien vista por una sociedad desconfiada que aun sin tener pruebas, su percepción le indica que hay vínculos entre violencia y la adicción a las drogas.
La empresa responsable de estos exámenes tiene su calificación, se trata nada menos que de Centro de Medicina Transfusional y Estudios Especializados (CEMET). Una empresa que cumple con todos los requisitos básicos del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, y su acreditación más reciente es del pasado mes de marzo de 2012 por la Policía Federal y el Centro de Investigación Nacional (CISEN) 2011, 2012 al 2013.
El Gobernador fue el primero en pasar a realizarse el examen y declaró que no era a manera de ejemplo, sino una obligación. "Todos los funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo del Estado, están obligados a hacerse esta prueba” se trata de un examen obligatorio y el servidor público que se niegue a realizárselo causará baja, lo mismo que la persona que de positivo por consumo de alguna sustancia prohibida.
Es evidente que la concupiscencia en los seres humanos (debilidad hacia los bienes materiales y el abuso en los placeres) no excluye a nadie, tampoco la adicción a la fama, o al poder político, independientemente de cuál sea la ética profesional, ideología o religión que se profese.
Por eso la medida adoptada en Veracruz no es de menor importancia y habrá que promover que tales acciones también se lleven a cabo en el Poder Legislativo y el Judicial y en los tres ámbitos de gobierno, en los organismos autónomos y aun en las universidades públicas.
No deberá sorprender el señalamiento de múltiples lagunas jurídicas y la urgente necesidad de reformas toda vez que al problema confluyen lo mismo derechos y garantías individuales que derechos laborales, responsabilidad de los servidores públicos, aplicación de sanciones justas y equitativas, derecho a la rehabilitación y a la salud, el debate de las despenalización del consumo de drogas, por señalar algunas. Comentarios: romeo-gonzalez@hotmail.com